Veinte aniversario de la rotura de la presa de Aználcollar, una de las peores catástrofes ambientales de Europa. Veinte años transcurridos con un balance desigual, si bien los trabajos de recuperación de las zonas contaminadas fueron complejos pero dieron resultados bastante positivos, las responsabilidades penales y económicas siguen sin estar completamente resueltas, y diversas organizaciones ecologistas consideran por otra parte que persiste el riesgo de que se vuelva a repetir un suceso similar.
La rotura de la balsa que contenía residuos mineros de la explotación de Boliden Apirsa liberó sobre los ríos Agrio y Guadiamar aguas ácidas y lodos tóxicos que provocaron el desbordamiento de sus cauces y la anegación de las tierras colindantes a lo largo de una extensión de 62 kilómetros. Nueve municipios de la provincia de Sevilla se vieron afectados: Aznalcóllar, Olivares, Sanlúcar la Mayor, Benacazón, Huévar, Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa, Isla Mayor y La Puebla del Río.
Los tractores de los arroceros sirvieron para construir el muro de urgencia con el que se logró retener el contenido de la balsa minera antes de llegar a Doñana. Se vertieron cuatro hectómetros cúbicos de aguas ácidas y otros dos de lodos cargados de metales pesados. La balsa retenía 36 hectómetros cúbicos de residuos.
En el año 2001 cesó la minería en la zona. Finalmente, la Consejería de Medio Ambiente expropió la superficie afectada -que hasta ese momento se dedicaba a labores agrícolas- creando el Corredor Verde del Guadiamar y dando uso público a la zona afectada.
La sueca Boliden Apirsa ha logrado zafarse de cualquier tipo de responsabilidad, tanto penal como civil. La Junta le venía reclamando 89 millones de euros por los gastos de limpieza del vertido. No ha cobrado nada.
[Programa "Espacio Protegido", 0780, 18 de abril 2018. Canal Sur Televisión]
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18/04/2018