El recurso se presentó porque las ayudas discriminan a las familias de la escuela pública
Hoy se ha tenido conocimiento del fallo favorable al contencioso administrativo que las organizaciones FAPAR, FABZ, CCOO, CGT, Zaragoza en Común, Izquierda Unida y Podemos interpusieron en el año 2021 contra el Ayuntamiento de Zaragoza por la discriminación que suponía la convocatoria de ayudas que el Gobierno municipal del PP planteó para la red privada concertada
Desde 2021, la privada concertada ha recibido por este concepto 2,3 millones de euros, 500.000 por año, a excepción de 2023, en que se incrementaron 800.000 euros
En la sentencia, la jueza señala que la decisión del Patronato no respeta al principio de igualdad y “se margina al alumnado de los centros públicos, a los que no llegan los fondos públicos destinados a sufragar necesidades que precisan ser atendidas”
El recurso lo interpusieron en 2021 las organizaciones FAPAR, FABZ, CCOO, CGT, Zaragoza en Común, Izquierda Unida y Podemos.
“Satisfacción y rectificación en la futura convocatoria de este 2024”. Son las dos ideas que ha trasladado hoy en rueda de prensa la portavoz de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de la Escuela Pública de Aragón (Fapar), Nieves Burón, en representación de todas las entidades firmantes del recurso en los tribunales.
Una acción judicial interpuesta desde el “el convencimiento de que la convocatoria de ayudas para la privada concertada suponía una clara discriminación contra todas las familias vulnerables de la escuela pública, que se escolarizan en mayor proporción que en la red privada”.
En la sentencia, la jueza señala que la decisión del Patronato, adoptada en mayo de 2021, no respeta al principio de igualdad “cuando ante igualdad de situaciones se margina al alumnado de los centros públicos, a los que no llegan los fondos públicos destinados a sufragar necesidades que precisan ser atendidas con parámetros e instrumentos equivalentes a los que se conceden al alumnado de los centros privados concertados”.
Todas las organizaciones han valorado muy positivamente el fallo y han instado al Ayuntamiento a “rectificar su política” porque “se ve obligado por los tribunales”, de forma que el alumnado de la escuela pública también pueda disponer de estas ayudas.