La Ley del Seguro Social de 1973, establecía un sistema de pensiones conocido como de reparto, solidario o de beneficios definidos, en este modelo los requisitos para acceder a una pensión eran: tener 65 años de edad y 500 cotizaciones semanales reconocidas ante el IMSS. El monto de la pensión era el promedio del salario de los últimos 5 años y dicha pensión se actualizaba cada año en función de la inflación calculada por el Banco de México (a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor). Era el IMSS quien otorgaba directamente la pensión mientras durara la vida del asegurado. Con las cuotas de los trabajadores en activo se cubría el pago de las pensiones.
Si la reforma al sistema de pensiones propuesta por el presidente requiere de cuantiosos recursos económicos, que el gobierno reforme el sistema tributario y establezca un incremento progresivo de impuestos a los multimillonarios que diariamente aumentan sus riquezas a costa del trabajo de millones de trabajadores mexicanos. Que estos recursos obtenidos se etiqueten en los Presupuestos de Egresos de la Federación, año con año, y que en verdad se asignen para el pago de pensiones de los trabajadores.
Si en verdad el gobierno morenista estuviera preocupado por el bienestar de los trabajadores debería, además, garantizar que estos ahorros acumulados en las Afores, no reclamados, sí lleguen a manos de los titulares de las cuentas o bien a manos de sus beneficiarios. Que para ello la Consar y las Afores desplieguen un amplio y prolongado programa de acción conjunta en favor de los trabajadores que no han retirado sus ahorros. Solo entonces, después de agotar el procedimiento respectivo, los ahorros que hayan sido declarados definitivamente sin destinatario se asignen, ahora sí, al multicitado Fondo de Pensiones para el Bienestar.
De cualquier modo, esta reforma al sistema de pensiones resultará financieramente inviable.