Internet y las redes sociales digitales tienen un efecto directo sobre la concepción y el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión. Ello es así, no sólo porque la expresión vertida online tiene un efecto inmediato y global, muy diferente de la expresión offline, sino también por el escaso control que, al menos hasta ahora, han venido ejerciendo los proveedores de servicios y plataformas de internet sobre estas formas de expresión. El derecho fundamental a la libertad de expresión, más allá de su construcción jurídica, tiene una significación y aplicación diferente en función del sustrato cultural y de la construcción social e histórica de cada país. Ello contrasta con el alcance global de internet y nos obliga a ir adaptando el concepto y ejercicio de este derecho fundamental a las características de una sociedad cada vez más plural, diversa y sensible.
El rol de los intermediarios (prestadores de servicios y plataformas) ha ido cambiando también con el tiempo. El pacto inicialmente adoptado hace ahora 20 años (por ejemplo, en la UE, a través de la Directiva de comercio electrónico de 2000), ha permitido el desarrollo de los intermediarios al amparo de unos “puertos seguros” que les eximen de responsabilidad por las posibles vulneraciones de derechos que puedan cometer sus usuarios, siempre y cuando no tengan conocimiento de la ilicitud, o bien al obtenerlo actúen para eliminar o bloquear el acceso a los contenidos ilícitos. Esta protección se ha ido reduciendo en los últimos años, exigiendo a estas plataformas una mayor proactividad en el “control” de los contenidos y de la actividad online de los usuarios, por ejemplo a través de iniciativas legislativas destinadas a luchar contra el discurso del odio (hate-speech), o contra la desinformación y las “fake news”. En el contexto de la pandemia del Covid-19 se han añadido medidas específicas que, directa o indirectamente, pretenden controlar la información que circula por las redes y que pueden afectar al ejercicio de la libertad de expresión.
¿Cómo encontrar el equilibrio entre la protección de la libertad de expresión y la protección de otros intereses públicos y privados merecedores de protección? ¿En qué queda la libertad de expresión si la pasamos por el filtro de lo “políticamente correcto”? Estas y otras cuestiones constituyen el objeto de este debate, que examinará no sólo el contexto normativo y jurisprudencial actual (en especial, comparando Europa y EEUU) en temas de libertad de expresión y responsabilidad de plataformas, sino también las diferentes prácticas de autoregulación y estrategias de mercado que éstas adoptan, y cómo ello puede afectar el ejercicio de este derecho online. Trataremos también la situación de la libertad de información en España y las perspectivas de cambio, en especial a la vista del impacto de las sentencias del TEDH y hablaremos de libertad de expresión y desinformación, noticias falsas, discurso político “correcto”, propiedad intelectual, derecho al olvido, etc., tanto en general, como en el contexto actual de Covid-19.
Organiza: GRC “Dret d’internet” (2017SGR1711). Proyecto “Law and Artificial Intelligence” RTI2018-101432-B-I00
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