Desde el inicio de la guerra civil española, en el verano de 1936, a medida que las fuerzas militares que habían orquestado el golpe de estado contra el gobierno legítimo del Frente Popular (elegido democráticamente en febrero de ese año) iban “conquistando” terreno, se comenzó a aplicar un castigo muy concreto: el rapado de cabezas a las mujeres, pero también a chicas jóvenes y a niñas a quienes se asociaba con la ideología republicana. Las llamaron “las rojas”. Muchas de ellas habían tenido un papel activo en las políticas de izquierdas y en la nueva organización social asociada a la modernidad, militaban en grupos feministas y anarquistas, y tenían ideas distintas sobre el amor o el sexo; otras eran artistas o maestras. Otras veces se las castigaba porque habían estado en contacto con personas más o menos destacadas ideológicamente o eran familiares de republicanos alistados en el ejército. También hubo mujeres acusadas de haber dicho algo en público a favor del Frente Popular, o que simplemente, no seguían las normas de comportamiento social y moral conservador que querían instaurar los golpistas. Este castigo sobrevivió a la guerra y se prolongó durante la dictadura. Podían ser denunciadas por alguien adscrito al régimen franquista, sin tener necesariamente una relación con las políticas de izquierdas o con quienes las habían promovido. Bastaba con que se las acusara y estuvieran en el punto de mira de las autoridades franquistas, para que se pusiera en marcha esta práctica represiva.
El rapado del pelo de las mujeres en España reside en una memoria que está impregnada por la vergüenza y el silencio, carente de documentación y de estudio específico, por lo que acudir a los testimonios de varias generaciones es fundamental. Por una parte, es difícil recordar y poner palabras a esta práctica represiva para quienes la sufrieron, pero sin esta memoria podría parecer que nunca sucedió, así la reparación comienza muchas veces con el reconocimiento. Especialmente cuando se atravesó un tiempo de obligado silencio y de negación, como fueron los cuarenta años dictadura en los que se clausuró cualquier posible reelaboración de lo sucedido y durante los que se impusieron las narraciones y representaciones de los perpetradores. Por ello estas experiencias traumáticas, siguen reverberando a través de las siguientes generaciones.