El Censo Nacional de Población y Vivienda se realizaría en mayo de 2024, pero se extendió y aún no se sabe si ya acabó. Además, todavía se desconoce cuánto costó, quién lo financió y cómo se gastaron los fondos. Tal “opacidad” merma la “confiabilidad” de los datos que se obtengan, advierte en esta entrevista, Olga Valle López, directora del observatorio ciudadano Urnas Abiertas.
“No solamente es la opacidad en la ejecución, en el trabajo de campo, sino también la opacidad financiera, lo que pone en duda, realmente, si hay una supervisión tanto del gasto como de la calidad de los datos que se están levantando”, subraya la investigadora.
Valle cuenta que, en una investigación de Urnas Abiertas, detectaron que el Banco Mundial y la Unión Europea han aportado, “indirectamente”, nueve y cuatro millones de dólares, respectivamente, para la ejecución del censo.
Asegura que existe “muy poca información pública disponible y confiable, por parte de las instituciones financieras internacionales que han puesto fondos de manera indirecta”.
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