Aunque los bonos de carbono sirven para proteger el medio ambiente y son una entrada de plata para las comunidades indígenas, afro o campesinos que viven en bosques preservados; también son un negocio con escándalos por abusos a estas comunidades encargadas de proteger los bosques.
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El negocio consiste en que las empresas que producen toneladas de dióxido de carbono, le pagan a las comunidades por conservar los bosques y evitar que se talen árboles, y con eso compensan las emisiones de CO2 que emiten.
En 2022, la comunidad indígena de Pirá Paraná puso una tutela reclamando que había un proyecto para vender bonos de carbono en su territorio y que fue firmado por alguien que no tenía potestad para negociar en nombre de la comunidad.
El mes pasado, la Corte Constitucional falló a favor de los indígenas y reconoció que las comunidades deben decidir si quieren vender o no bonos de carbono. Y también responsabilizó al Estado por no tener rutas claras para el desarrollo de este tipo de proyectos.
La sentencia no solo fue bien recibida por los indígenas, sino por las empresas, que celebraron este primer fallo como un respaldo al mercado de los bonos de carbono.