En el tiempo que ha trascurrido con la aplicación del estado de excepción en El Salvador, han fallecido 41 personas privadas de libertad por causas aun no esclarecidas, no garantizando el derecho a la vida y a la justicia.
Incluso en algunos casos las familias han sido notificadas de la muerte de su familiar privado de libertad por una funeraria y no por las instituciones responsables del Estado salvadoreño.